Revisión

Opinion 14 de mayo de 2018
El boleto del transporte urbano de pasajeros, en principio, costará en diciembre 13 pesos. Ese precio necesita que se estabilicen todos los parámetros de la economía a valores actuales. Cualquier cambio significativo echará por tierra esta previsión y esa falta de certidumbre está generando justificada preocupación a gobernantes, empresarios y trabajadores.
calectivo saeta

La situación tiene ocupado especialmente a los legisladores del área metropolitana que cargan la responsabilidad del seguimiento del sistema de prestación de un servicio público esencial, a través  de una comisión bicameral. En su primera reunión del período ordinario resolvió solicitar a la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) y a la Sociedad Anónima de Trasporte Automotor (Saeta), la presentación de los balances y ejecución presupuestaria de los últimos 2 años.

A ese punto se llegó en virtud de la evolución de la situación económica nacional, que comenzó impactando en el sistema por la reducción de subsidios que se viene registrando desde hace más de dos años y que se sacudió notoriamente con la paritaria cerrada en abril, con un aumento del 15,20% para los choferes del sector. Este incremento será financiado, según el acuerdo, con una suba de un peso a aplicarse en todos los boletos urbanos desde abril, otra de cincuenta centavos a partir de septiembre y la última, también de cincuenta centavos, para enero de 2019.

Esta aplicación escalonada de un ajuste en el precio de los boletos para cubrir los incrementos salariales que hasta ahora fueron subsidiados íntegramente con el mecanismo de Compensaciones Complementarias Provinciales, en Salta debe acoplarse al que ya se había dispuesto sobre el precio del boleto local, de 50 centavos hasta julio, con el fin de armonizarlo con los vigentes en el resto del país. En realidad, es un ajuste que apunta a reducir la exigencia de la carga de subsidios que aporta el Tesoro Provincial.

En síntesis, con un régimen de gratuidades muy amplio y con presiones desde el sector de trabajadores que demandan un boleto social, los usuarios están obligados a poner su bolsillo al servicio del sostenimiento del sistema que se presenta como uno de los más eficientes y modernos del país. Y allí encaja la decisión de legislativa de revisar la contabilidad de las empresas prestadoras.

Si le van a exigir al usuario que pague más, se le debe pedir a las empresas que ganen menos porque tienen un mercado cautivo y tienen la vaca atada. Es lo que dijo la oposición en el marco de la bicameral, en la que se destacó que no se conoce a cuánto ascienden las ganancias de las ocho empresas que son titulares de los corredores. El presupuesto anual de SAETA asciende a 2.200 millones de pesos, de los cuales un poco menos de la mitad se recauda con la tarifa. El interés de diputados y senadores del área metropolitana es conocer cómo se están invirtiendo los recursos que se reciben como subsidio del Estado provincial.

El temor nace en la evolución de la situación, con un déficit fiscal que le quita margen de maniobra al Ejecutivo provincial que aporta el subsidio y con una creciente dificultad por parte de los usuarios, agobiados por los ajustes tarifarios de todos los servicios. Las miradas se dirigen ahora sobre las empresas, que tampoco la están pasando bien. Pero eso lo demostrarán sus cuentas, que empezarán a revisarse en un ámbito político.

Salta, 14 de mayo de 2018 

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