Razones

Opinion 11 de mayo de 2018
Emergió la punta del iceberg. Los industriales panaderos de Salta, como lo hacen sus pares del resto del país, están denunciando los inconvenientes del sector que los están poniendo al borde la paralización. Han llegado al extremo que no tienen quien les venda harina y eso es un certificado de defunción masivo.
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Simultáneamente, en La Rioja y bajo el paraguas de la UIA, las uniones industriales de las provincias del Noroeste han volcado en un documento sus demandas, advirtiendo que es el Gobierno Nacional el que está poniendo al sector al borde del abismo. Los avances alcanzados para superar asimetrías no sólo se han frenado, sino que ha comenzado un preocupante proceso de retroceso. La dirigencia empresaria viene alertando a los gobiernos desde diciembre pasado sobre los efectos negativos en la situación social, en deterioro progresivo.

La suspensión de ventas por falta de precios se registra en todos los sectores productivos, que se ven privados de insumos esenciales. La dinámica de la panadería encendió una luz roja en una economía que se está descontrolando.

En la Provincia, los miembros de la Cámara de Panaderos y Afines no solo han expuesto su reclamo. Tildaron de especulativas la actitud de los molinos que concurren a profundizar una crisis que se expresa en el cierre de establecimientos industriales que se viene registrando en lo que va del año. Casi un centenar de ellos en todo el territorio no han podido soportar la mayor presión fiscal, la inflación que desbarata sus costos, la caída del consumo aun cuando se trata de un alimento básico y el crecimiento de la informalidad en el sector.

Los últimos cimbronazos de la economía, por el aumento del dólar y el movimiento de tasas, no los están dejando indemnes y desde una posición ya debilitada, solo les deja la salida del cierre de las panaderías. Y están advirtiendo sobre el fuerte costo social porque estas pymes son dadoras de mano de obra.

Los gobiernos locales, sean municipales o provincial, tienen un estrecho margen de maniobra y les está quedando solo su capacidad de gestión para equilibrar el poder de la industria molinera, con la suficiente capacidad exportadora y financiera como para doblegar al poder político a fin de satisfacer sus intereses. Pero no todas las puertas se abren.

Además, los gobiernos tienen sus propios problemas. Están atosigados por el déficit de sus cuentas, que se complica en el c aso de provincias como Salta que tienen deudas en dólares. El refuerzo logrado con el Consenso Fiscal, que le habilitó a ajustar alícuotas, se está diluyendo por la menor actividad económica.

Más allá del repetido concepto que crisis es oportunidad, en este caso es debe ser la motivación para articular una agenda público-privada, que exceda los límites provinciales y comience a plantear los temas regionales, para realizar aquellas modificaciones que son necesarias para lograr el equilibrio y la equiparación de condiciones y oportunidades para el interior del país y sus empresas. Es lo que piden los industriales del NOA, con suficientes razones.

Salta, 11 de mayo de 2018

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