Saludo

Opinion 30 de abril de 2018
En vísperas de la principal celebración social, el Gobierno Nacional remitió al Congreso los primeros proyectos referidos a la reforma laboral. Empezó a cumplir con un anticipo formulado a poco que tambaleara la posibilidad de tratar la pretensión a través de una única iniciativa.
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Los proyectos ingresaron al Parlamento por la Cámara de Senadores y se refieren a blanqueo laboral, pasantías y una agencia de tecnología médica.

Para el Ejecutivo, la urgencia radica en el blanqueo y son varias las razones que ha esgrimido al respecto. Ha reconocido, en primer lugar, que hay consenso en torno de la cuestión habida cuenta que la informalidad no sólo es una dificultad para el desarrollo de una economía sana y vigorosa sino que representa un severo problema social. Según la información suministrada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, en el país existen 4 millones y medio de trabajadores informales.

Las dos caras del problema son contempladas en el proyecto de ley, que apunta a dar facilidades a las empresas para ingresar a la legalidad pero no es tan generosa con el trabajador; el estímulo para este beneficio se agota en pasar a gozar de muchos derechos que le están vedados mientras trabajan en negro. 

Los empleadores no tendrán que aportar impuestos previsionales impagos, con la condición de que se declare el vínculo laboral, según plantea el proyecto girado por el gobierno. Pese a ello, se le reconocerán al trabajador aportes por cinco años hacia atrás a cambio que renuncie al derecho a reclamar judicialmente por los años sin aportes. No bloquea el reclamo por la vía judicial pero significará que se niega a entrar al blanqueo.

Más allá de la prioridad que la gestión de Cambiemos le asigna a la superación de la informalidad en la economía, lo cierto es que la decisión de desguazar el proyecto original pasa por el reconocimiento de la debilidad que tiene desde que agotara su capital político en una cuestionada reforma previsional. Pero tampoco la dirigencia sindical tiene fortaleza para acompañar los propósitos del gobierno, a cambio del sostenimiento de algunos privilegios para esa elite o por presiones sobre las arcas de los gremios más independientes.

De allí que todavía no se ha considerado oportuno intentar imponer otras reformas que estaban contempladas en el proyecto negociado con las cúpulas gremiales. No hay conducción que pueda encontrar explicaciones para que sus afiliados se allanen a perder derechos en torno de  indemnizaciones o que se alteren las normas vinculadas al seguro de desempleo promoviendo la creación de un fondo a ese fin.

Tampoco se aceptaría sin alto costo político reformas en torno de aportes patronales. Ya hay algo de eso dispuesto en la última reforma tributaria pero ha cambiado el panorama político como para encontrar socios a esos fines.

A todas luces, el Gobierno Nacional no va a cejar en alcanzar una reforma laboral pero todavía no ha logrado encontrar el mensaje que convenza –no a los representantes de los trabajadores, que suelen encontrar fichas de negociación- sino a los propios trabajadores, que tienen más de dos décadas de sobrevivencia en un escenario desfavorable. Los proyectos girados al Congreso pueden no resultar el mejor saludo para la jornada de mañana.

Salta, 30 de abril de 2018  

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