Sinceramiento

Opinion 27 de abril de 2018
Fuerte resistencia está generando en todo el país el propósito de achicar la planta de personal del área de Agricultura Familiar del Ejecutivo Nacional. Ello llevó a que se comprometan distintos sectores de los gobiernos locales o provinciales, con pronunciamientos políticos de los cuerpos legislativos.
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Salta no fue la excepción y ambas cámaras cerraron la semana con sendos proyectos de rechazo de una decisión que lleva adelante el Ministerio de Agroindustria del gobierno de Cambiemos. Las razones de la cerrada defensa de este sector de trabajadores, sorprendió a algunos sectores pero no a pobladores y representantes de áreas donde se desarrollan modelos económicos de subsistencia.

Precisamente, bajo el concepto de Agricultura Familiar se incluye el trabajo de todos los que son reconocidos como los pequeños productores, minifundistas, campesinos, chacareros, colonos, productores familiares, campesinos sin tierra y Comunidades de Pueblos Originarios. En el país representan más de 250 mil explotaciones, de las cuales 8.000 están en Salta, representando el 78 % de unidades productivas a nivel provincial, aunque solo cubren al 18 % de la superficie en producción.

Sin dudas que no es un modelo que se adopta por opción. Son asentamientos humanos que no tienen alternativas por tratarse de los sectores más marginados,  y más pequeños de las economías regionales.

De allí que ha significado un gran paso que en 2008 se haya creado la Subsecretaría de Agricultura Familiar dentro del entonces Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Muchos especialistas y técnicos tuvieron la oportunidad de trabajar en el diseño y ejecución de estrategias de desarrollo rural pero con un despliegue territorial y con la participación de los directos beneficiarios: campesinos, indígenas y productores familiares.

El propósito desde el arranque fue la construcción de alternativas productivas y de comercialización que fomenten el arraigo rural, la producción de alimentos, el valor agregado y el desarrollo de canales de comercialización justa a nivel local y regional. Por ello es que la decisión de separar de esas funciones, como reconocieron los diputados y senadores de los departamentos más alejados de esta Capital que fundamentaron las expresiones de repudio a la medida nacional, tiene trascendencia social más allá de la afectación personal de los cesanteados.

Las manifestaciones de los legisladores ponderando la tarea de los empleados nacionales, también desnudaron el limitado cumplimiento de la ley provincial de desarrollo rural para la agricultura familiar, llamada Felipe Burgos. La morosa reglamentación -que puede indicar desidia- y  la escasa actividad de órganos provinciales para contribuir a concretar sus objetivos de mejoramiento de la calidad de vida de la población involucrada, de manera equitativa e integrada con las áreas urbanas, sólo se equilibraba con la presencia activa y motivadora de los técnicos despedidos.

Los gobiernos nacional y provincial deberán sincerar la relación con ese sector productivo y la importancia económico-social que le asigna.

Salta, 27 de abril de 2018

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