Calidad

Opinion 26 de abril de 2018
El Procurador General de la Provincia, Pablo López Viñals, emitió un dictamen en el recurso de amparo presentado por la Unión Cívica Radical, por el incumplimiento de la convocatoria a elecciones en Tartagal, luego que su intendente asumiera como diputado nacional. Dijo que el Poder Ejecutivo provincial concretó una omisión lesiva de los derechos constitucionales y pidió que se le ordene realizar tal convocatoria.
tartagal

Hasta ahora parecía que nadie, con excepción de un grupo de dirigentes radicales, veían la anormalidad institucional atento a que desde la Constitución Provincial a la Corta Orgánica Municipal, tienen planteado que cuando la imposibilidad del intendente a ejercer la función es permanente y falta más de un año para cumplir mandato, deben realizarse elecciones para su reemplazo.

Pero la manda no pareciera obligar a nadie. El actual diputado nacional Sergio Leavy presentó un pedido de licencia como intendente al Concejo Deliberante y juró como legislador. Según la normativa vigente hay incompatibilidad entre ambas funciones, por la que decayó su condición de jefe comunal.

El Concejo hizo caso omiso, aceptó la licencia y envió a su presidente –casualmente hermano del intendente devenido en diputado- a cubrir la vacancia. Ante el estrépito que provocó el hecho, Leavy se avino a renunciar y la dimisión quedó en algún lugar. Desde el oficialismo provincial se avaló la maniobra y fue el propio gobernador quien se ocupó en mostrar que no había nada fuera de lo institucional. Hay una licencia concedida y una renuncia sin tratar, dijo parapetándose tras la autonomía municipal para indicar que eran los tartagalenses quienes debían decidir qué hacer.

Su Ministro de Gobierno dio otra vuelta de tuerca y, como si fuese una cuestión opinable, anunció que la idea era no convocar elecciones, pese a lo que diga la carta orgánica de Tartagal. El gobierno tiene más necesidades que gastar plata que en llamar a elecciones, dijo este demócrata.

Tras cartón, el 4 de enero último, referentes de la UCR presentaron el amparo, en cuyo marco el Procurador General opinó que la omisión de convocar a elecciones fue arbitraria y violatoria de los derechos constitucionales. Pidió a la Corte que se ordene al Gobernador llamar a comicios. 

Si bien la opinión de este funcionario, encargado de velar por la legalidad constitucional, no es vinculante, la salud institucional de la Provincia exige que no quede en una expresión testimonial. En ese orden, es de esperar que el Tribunal de Justicia no arrincone el amparo y lo resuelva el año próximo, cuando ya estén convocadas las elecciones para la renovación de los gobiernos, declarando que la cuestión devino abstracta.

No se puede alcanzar una democracia con calidad institucional, si quienes deben cuidar el funcionamiento del sistema preservando derechos y controlando el cumplimiento de obligaciones, consideran que su facultad es la de determinar la conveniencia de aplicar una norma y no aplicarla, lisa y llanamente.

Salta, 26 de abril de 2018

Te puede interesar