Acción

Opinion 23 de abril de 2018
Las muertes por siniestros de tránsito siguen creciendo en la Provincia y el país. Según la Asociación Civil Luchemos por la Vida y en base a la estadística con la que cerró 2017, hay 20 muertes diarias en la Argentina, que equivalen a 600 mensuales.
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Son datos que describen una situación compleja pero evidencian rasgos comunes, especialmente la inacción o la acción deficiente para reducir los índices de siniestralidad.

El año pasado, estas pérdidas de vidas ascendieron a 7.213, cifra a la que Salta aportó con 287 muertes en una región en la que todas las provincias registran altos guarismos, que en relación a la población revelan que en ninguna de ella hay una acción preventiva y la represiva es insuficiente para incentivar conductas de cuidado. Pero en todo el territorio nacional se repite ese panorama, correspondiendo así la cabeza del ranking a la provincia más grande Buenos Aires y el número menor a Tierra del Fuego, la de menor cantidad de habitantes.

La excepción es el Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, siendo uno de los centros urbanos más populosos, cerró 2017 con apenas 98 muertes. Habría que observar cuál es la política de seguridad vial que se desarrolla en la CABA y copiar en la medida de lo posible.

Tras un fin de semana altamente luctuoso por sus particularidades, ya que hubo cinco muertes en siniestros viales en cinco horas, las conclusiones de las autoridades provinciales no ponen claridad en el problema. La participación de las motocicletas en los accidentes y la detección de alcohol en sangre en muchos conductores durante los procedimientos de control, son datos a considerar pero no explican toda la situación.

En la última década y medida, España mantuvo en el mundo el liderazgo en el mejoramiento de la seguridad vial, con una reducción del 81% de los siniestros. En menor medida pero con resultados significativos se ubican Suecia, Holanda y Estados Unidos. Argentina, en cambio, no pudo mostrar ninguna mejora en ese lapso.

No se observa demasiada preocupación, ni en los gobiernos ni en la sociedad. Un incremento mínimo de fallecidos de un año a otro, desató en España un estado de alerta que involucró al mismísimo Congreso a monitorear las acciones en desarrollo, reconociendo que si bien los conductores tienen mucha parte de responsabilidad en los accidentes,  la seguridad vial exige más a las autoridades responsables. Que sea el país que puede mostrar los mayores logros en la materia, no significó nada a la hora de disponer una revisión de la estrategia de seguridad.

Mayor control con asistencia tecnológica, aumento de señales en tramos de mayor siniestralidad, refuerzo de la vigilancia y la promoción de buenas prácticas debieran ser permanentes. Y sumar los planes estatales de educación vial.

Ningún esfuerzo debe mezquinarse en estas circunstancias, como tampoco deben restarse dureza y severidad a la sanciones. También se debe coordinar acciones entre los distintos niveles de gobierno y entre el sector público y privado. La situación no tolera exclusiones.

Salta, 23 de abril de 2018

 

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