Aguantadero

Opinion 20 de abril de 2018
Un abogado reveló anoche aspectos preocupantes del funcionamiento de los Registros Automotor en Salta. Su relato confirmó lo que ya advertía un informe de reciente factura elaborado por las Fundaciones Nuevas Generaciones y Hanns Seidel sobre la situación en el país, donde funcionan casi 800 registros, 260 de los cuales están intervenidos.
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No se trata de un sector carente de normativas. El régimen jurídico y administrativo relativo al estado registral de los automotores está compuesto por un vasto conjunto de leyes, dice el informe de las fundaciones. Además de ellas, existe una intrincada maraña de decretos y resoluciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y disposiciones de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios. Pero a todas luces son ineficaces, porque no sólo han contribuido a un funcionamiento irregular sino que habilitó un nicho de corrupción, desvergonzado en el mejor de los casos.

Guillermo Fleming, abogado y titular por concurso del Registro Automotor nº 6 –actualmente intervenido- expuso detalles en la mesa de diálogo que todos los jueves tiende el programa periodístico Cara a Cara. Dijo que la situación es preocupante por el manejo de fondos y por la injerencia política por  parte del gobierno, cualquiera sea su signo. Un Registro Automotor, explicó,  “es una caja y siguen usando al Estado como aguantadero político”.

Al señalar que no se llama a concurso hace años porque  al acceso de la titularidad tienen preferencia los políticos, desnudó uno de los recursos al que se echa mano para favorecer a un sector de la sociedad. El informe de Nuevas Generaciones y Hanns Seidel precisamente destaca que hay por parte de los organismos supervisores un indudable apartamiento de la normativa vigente y una abusiva extralimitación en sus funciones. Ello ha dado lugar al desarrollo de una administración arbitraria e irregular en el seno de la organización interna de la Dirección de Registros y en los Registros Seccionales.

Precisamente, la principal expresión de la injustificable arbitrariedad que se verifica en la práctica institucional de esos registros es la inobservancia del procedimiento vigente para la designación de los Encargados Titulares de los distintos Registros Seccionales. Por ello resulta que la mayoría son asignados a dirigentes políticos o particulares vinculados a los mismos y la vía idónea son las intervenciones.

Un repaso histórico de esta práctica muestra que mientras en el período de 1950 a 1970 los interventores no llegaron al 2% del total de los nombramientos, en las décadas de los años 2000, las designaciones de encargados de registro mediante el mecanismo de la intervención fueron la regla. Alcanzaron al 93%, eliminando la práctica de los concursos, mediante amañamientos en sus convocatorias.

Es así que se generalizó lo que en la década del 80, con el retorno de la democracia, se marcaba como una insinuación de favoritismos perniciosos. Hoy es un botín de guerra para compartir con los amigos del poder, según la denuncia conocida ayer.

Y tampoco habría cambios con la nueva administración nacional. La corrupción resiste en los Registros Automotor.

Salta 20 de abril de 2018

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