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Opinion 18 de abril de 2018
Nuevamente se postergó el tratamiento del proyecto de ley que apunta a establecer una Tarifa Especial para los consumos de energía eléctrica de los usuarios residenciales de los departamentos Anta, Rivadavia, San Martín y Orán, por ser zonas de condiciones geográficas y climáticas con altas temperaturas en época estival, que superan los 40º C durante al menos 5 meses en el año.
servicios publicos

Ello lleva a los usuarios a recurrir al uso de artefactos de climatización para acondicionar los hogares.

Ello lleva a que en localidades como Joaquín V. González paguen facturas de 4 a 6 mil pesos mensuales, según reveló una de las autoras del proyecto, la diputada kirchnerista Alejandra Beatriz Navarro. La legisladora llamó la atención sobre el alto consumo de los usuarios residenciales de la zona, que con 800 kw promedio, supera ampliamente la medición provincial.

El otro promedio que también rompe es el de los ingresos que cada familia salteña destina al pago de los servicios públicos. En la última audiencia de revisión quinquenal, realizada un año atrás, el entonces Defensor del Pueblo de la ciudad de Salta Nicolás Zenteno había solicitado la atención de las personas que no pueden cubrir los costos de sus tarifas, expresando que existe pobreza energética cuando una familia destina más del 30% de su ingreso al pago del suministro de energía. Con los valores indicados por la diputada anteña, la factura de EDESA se queda con la mitad del sueldo promedio en una zona, por otra parte, con alta informalidad económica o con marcada estacionalidad por tratarse de un área rural.

Todas las gestiones realizadas individualmente por los usuarios de la zona y colectivamente a través de sus representantes, como es la reunión que ayer mantuvieron los legisladores con el titular del Ente Regulador de Servicios Públicos, resultaron infructuosos. Más aún, fueron inconducentes dado que el funcionario provincial sugirió que cualquier modificación debiera lograrse de decisiones nacionales.

Al respecto, en la sesión de anoche, se expresó la impotencia por suponer que se carece de autonomía provincial y que los salteños son rehenes de una prestadora que no puede reducir su rentabilidad. Al respecto, cabe recordar lo expuesto por el Defensor Zenteno cuando destacó, en base a un informe oficial, que el valor neto de reposición de la empresa creció de 54 millones de pesos en 1996 a 1.800 millones de pesos en 2013 y 9.200 millones en 2017.

Lo que puede ponerse en tela de juicio es si no hay autonomía, considerando que el valor agregado de distribución (VAD) participa en un tercio del monto de la factura. Según el informe puesto a consideración de la audiencia pública de revisión tarifaria, en la tarifa residencial más baja el 53% corresponde a abastecimiento, el 39% corresponde al valor agregado de distribución y el 8%, a impuestos. Hay un margen importante de maniobra que los legisladores están observando como la posibilidad para que el Estado provincial intervenga a favor de los usuarios, subsidiando parte del VAD.

Si el único camino es que sea la Provincia la que subsidie, ese es el camino a transitar. Tal fue el compromiso con el que cerró el balance de lo actuado en el ámbito de Diputados, lo que lleva a advertir que vienen tiempos difíciles para la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en el caso que se cierren las negociaciones.

Salta, 18 de abril de 2018

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