Explicaciones

Opinion 13 de abril de 2018
No hay datos precisos sobre la deuda pública provincial que estén a disposición del hombre del llano. Hay conceptualizaciones de los principales funcionarios de la conducción económica provincial que tratan de apaciguar cualquier preocupación ciudadana. Pero otras referencias anulan estos esfuerzos y justifican cualquier estado de alerta al respecto.
deudas

Las últimas referencias sobre el tema fueron formuladas días pasados en oportunidad de la reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, que se efectuó en la capital salteña. Fue el propio Jefe de Gabinete,  quien aseguró que la Provincia no tiene problemas de deuda pública porque está controlada y los servicios que deben pagarse están por debajo de lo establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Previamente fue el Ministro de Economía quien informó que Salta tiene un perfil de deuda muy saludable.  Sostuvo que es muy baja la relación de servicios que se pagan de la deuda sobre los ingresos, que está en torno del 5%.

El último informe oficial sobre el stock de la deuda pública corresponde al tercer trimestre de 2017. Según la Contaduría General de la Provincia a setiembre pasado, el monto total ascendía a casi 15 mil 500 millones de pesos pero no es una cifra que hoy deba tomarse como algo más que una referencia. El 51% de esa deuda provenía de la emisión de títulos públicos que durante el ejercicio anterior tocaron el límite máximo autorizado por ley y buena parte eran de corto plazo.

El mensaje tranquilizador del Ejecutivo Provincial sobre el control de la deuda requiere de otras consideraciones como la intención de lograr una reestructuración, tal como autoriza la ley de Presupuesto 2018, para cancelar deuda cara tomando otra a tasas más convenientes, aunque no es este el momento más adecuado. Además, hay expectativas en torno de una compensación de Nación a través de un bono, cuya entrega ingresó en una zona gris en medio de serias versiones  sobre un nuevo ajuste sin gradualismo.

En ese marco, la estimación en 300 millones de una  deuda generada en juicios contra el Estado provincial que dejará a futuras gestiones el gobernador Juan Manuel Urtubey, no puede menos que exigir las pertinentes aclaraciones oficiales.  El ex diputado provincial olmedista  Carlos Zapata compartió su preocupación por la catarata de juicios desencadenada tras decisiones políticas de sucesivas gestiones del actual mandatario. La rescisión de concesiones de empresas y servicios públicos, no solo ha afectado la calidad de sus prestaciones sino que generaron un estado de litigiosidad que podrían tener un alto costo para el erario público.

Por ahora deben exigirse explicaciones, especialmente al estamento político de control.

Salta, 13 de abril de 2018

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