Posición

Opinion 11 de abril de 2018
Las mujeres siguen avanzando contra la violencia de género. Los últimos logros lo alcanzaron en la Cámara de Diputados, que en su primera sesión del año trató dos proyectos vinculados a la cuestión. Pero no es un ámbito propicio para condenar hechos que rocen a sus miembros.
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En el arranque del año legislativo, la Cámara baja dio media sanción a un proyecto que otorga una licencia para la recuperación fisca y psicológica a aquellas mujeres que hayan sufrido un hecho de violencia. También aprobó un proyecto de declaración para pedir que el Ejecutivo Provincial implemente programas de concientización sobre problemáticas sociales, incluyendo la violencia familiar, en los establecimientos educativos del departamento Los Andes.

En este último caso, llamó la atención que su autor fuera un legislador que tiene en trámite una denuncia formulada por su ex pareja por agresiones físicas y verbales y por sustracción de su arma reglamentaria, ya que la mujer es policía. El caso del diputado justicialista César Córdoba, cuando se hizo público el año pasado, se sumaba al que poco tiempo antes había tenido como protagonista a otro legislador y dirigente gremial Jorge Guaymás.

El mismo cuerpo que hizo aportes importantes a la lucha contra la violencia de género, que incluye la ley de declaración de la emergencia social en la materia y la de fondo, la de Protección de víctimas de violencia intrafamiliar, aprobada en 2005 luego del asesinato de Rosana Alderete y dos de sus tres hijos por parte de su pareja, no ha podido asumir una posición cuando el problema ingresa al cuerpo.

Los casos mencionados apenas tuvieron una expresión pública en el recinto cuando la entonces diputada Gabriela Martinich solicitó la integración de una comisión investigadora de la conducta de Guaymás, recordando que alguien acusado del delito de violencia de género no puede ocupar cargos en el Estado. No se avanzó en nada, al punto que ni la Comisión de la Mujer del cuerpo no pudo tampoco acordar alguna propuesta que exprese la lógica preocupación de ese grupo.

No pudo en 2017 repetir lo que se había logrado en 2015, cuando el acusado fue el diputado nacional Alfredo Olmedo, que mereció una declaración de repudio del cuerpo a los hechos de violencia de género denunciados por su pareja. Quizás pueda suceder algo similar con el diputado provincial Tomás Salvador Rodríguez, atento a que la Cámara fue notificada de una denuncia que pesa en su contra, a fin de evitar represalia laboral y económica pues la mujer que lo acusó de violencia revista como agrupamiento político y está a cargo del legislador.

Más allá de la gravedad intrínseca que tiene este hecho en cualquier circunstancia y con cualquier protagonista, esta se profundiza tratándose de legisladores que deben seguir tendiendo el cerco normativo contra la violencia de género. Además, son figuras públicas que cargan una obligación de ejemplaridad en una sociedad que sostiene su tarea reconociendo su autoridad y financiando su tarea.

No se espera sanciones como las que impone la Justicia pero sí al menos un pronunciamiento que ratifique la honestidad intelectual de su rechazo a uno de los problemas sociales más graves que tiene la Provincia.

Salta, 11 de abril de 2018

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