Mendicante

Opinion 05 de abril de 2018
Aguas del Norte ha ingresado al podio de los mendicantes del Gobierno nacional. Multimillonarios recursos y una fuerte gestión para acceder a créditos internacionales es lo que le piden como único camino para la ejecución de un plan de obra que tiene tanto de ambicioso como de imprescindible.
aguas del norte

La prestadora de uno de los servicios públicos más importantes es por este tiempo la que concentra la mayor cantidad de reclamos y cuestionamientos por su desenvolvimiento. No solamente es objeto de las críticas del  gobierno municipal capitalino, sino de los intendentes de otras comunas de cada región de la Provincia. Se quejaron los de Metán, Tartagal y San Antonio de los Cobres en una sucesión de denuncias por los incumplimientos de la empresa, que debiera haber sido como uno de los mayores aciertos del gobernador Juan Manuel Urtubey, quien estatizó su paquete accionario.

En febrero pasado se realizó la última audiencia para analizar un pedido de aumento de tarifa. Aguas del Norte pidió un 21%, que fueron aplicados junto a otros ajustes provenientes de la última revisión tarifaria quinquenal, totalizando el 28% para marzo. El incremento se impuso ante la suspensión del subsidio que venía recibiendo.

Frente a ese cuadro, se involucraron los legisladores provinciales. Tomó la punta el Senado y ayer fue el turno de la Cámara de Diputados. En ambos casos tomaron nota de un plan de obras por 800 millones de dólares, cuyo financiamiento se está gestionando ante organismos nacionales.  No hay modo que se siga encarando obras a costa de déficit fiscal, como expresara a los senadores el presidente de la empresa.

Pero la decisión política adoptada en noviembre pasado por la nueva conducción económica provincial ha colocado en fila a los legisladores para enrostrar a los funcionarios de COSAYSA por las deficiencias en la prestación del esencial servicio de agua en sus departamentos. Las quejas más sonoras provinieron de San Martín, Orán, Metán, Rosario de la Frontera, Anta. Cerrillos, Chicoana, Rivadavia y Los Andes. En el primer caso hay, además, un recurso judicial que fue planteado por usuarios mientras que en el sur de la provincia se avanza en iniciativas para solicitar que se disponga la municipalización del servicio.

La ejecución del acueducto de Campo Alegre, financiado con fondos nacionales, ha convencido a las autoridades provinciales de la ventaja de golpear las puertas del gobierno central. Si el propósito es resolver los severos problemas, no solo en materia de agua sino de saneamiento, no caben los pruritos respecto de pedir la asistencia financiera del Ejecutivo nacional.

Pero tampoco valen los oportunismos y el aprovechamiento de obras públicas para llevar agua a los molinos electorales.

Salta, 05 de Abril de 2018

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