Ebullición

Opinion 04 de abril de 2018
Se va complicando la gestión para lograr la inmovilidad de los jueces de la Corte de Justicia de Salta. Hay especialistas que están advirtiendo que se puede desembocar en un escándalo jurídico si se avanza por el camino de la acción de inconstitucionalidad.
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No es nuevo el reclamo por eliminar el mandato de seis años que la Constitución de la Provincia establece para los miembros del Superior Tribunal de Justicia y darle carácter vitalicio. Pero en los últimos años se ha intensificado y no hay encuentro de jueces donde no se bata el parche sobre una disposición que, según sus críticos, ata al Poder Judicial a los vaivenes de la política. Esto es, la independencia de acción –que debe ser su mayor virtud- se ve seriamente afectada, por el riesgo que los magistrados sucumban ante el poder de sus mentores.

El primer movimiento, que traspasó la demanda retórica, fue  la presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación de una acción de inconstitucionalidad por parte de la Federación Argentina de la Magistratura, que dicho tribunal rechazó por no corresponder a su instancia originaria. La corporación nacional de jueces había recurrido a la Corte en orden a considerar que el sistema periódico de nombramiento de los integrantes de la Corte de Justicia de Salta, es contrario al principio de inamovilidad de los jueces y, por ende, violatorio del Preámbulo de la Constitución Nacional.

El último acto fueron sendas acciones de inconstitucionalidad interpuestas ante la Corte local por un nuclea miento de magistrados de reciente creación en la provincia y por un ex juez federal.  Ambas tuvieron curso inmediato por parte del Tribunal, cuyos miembros se excusaron suponiendo que si decae la vigencia del artículo 156 de la Constitución, ellos serán los primeros beneficiados.

El reservado ámbito judicial se sacudió con el avance de estas acciones, en tanto se sucedieron otras excusaciones, algunas fundadas en la relación directa de eventuales con jueces con la causa, como es el caso de los magistrados de la asociación presentante. Además de la opinión de juristas, que venían pronunciándose respecto de la falta de inmovilidad y ahora incursionan en la pertinencia del planteo de inconstitucionalidad, ahora se escucha al espinel político.

Un grupo de legisladores de la oposición demandaron la urgente intervención del Procurador General de la Provincia por sostener que se está ante un asunto de la mayor trascendencia institucional, como es la posibilidad de que a través de una sentencia judicial se nulifique una cláusula de la constitución.  Diputados de la UCR y de Cambiemos requirieron  a Pablo López Viñals que frene de alguna manera la designación de un tribunal de los conjueces, además de manifestar que no encuentran qué norma en la Carta Magna salteña atribuye competencia a la Corte para revisar el texto constitucional mediante acciones directas de inconstitucionalidad.

No es el mejor momento del Poder Judicial en el país y tampoco lo fue alguna vez para el de la Provincia. La prudencia indica que la cuestión que se agita en estas jornadas podría resolverse en el marco de una reforma constitucional, que también ha puesto a la política en estado de ebullición.

Salta, 04 de Abril de 2018

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