Investigación

Opinion 26 de marzo de 2018
Las fundaciones son organizaciones sin ánimo de lucro que construyen un patrimonio para destinarlo a la realización de fines de interés general, beneficiando a diversos colectivos. Se conocen centenares de ellas que tienen como objetivos la defensa de los derechos humanos, la asistencia y la inclusión social de los más desfavorecidos, la cooperación para el desarrollo, la promoción del voluntariado o la creación de programas educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios y laborales, entre muchos otros.
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Las fundaciones son conocidas porque trabajan desinteresadamente por el bien de la sociedad, impulsando la solidaridad y el bienestar de todos los grupos que la conforman.

Están contempladas en la Constitución Nacional y el Código Civil recoge sus altos propósitos para su ordenamiento, reglamentado `por la ley 19.836, del año 1972. Allí alcanzan estas entidades su carácter de personas jurídicas que se constituyen con un objeto de bien común, sin propósito de lucro, mediante el aporte patrimonial de una o más personas, destinado a hacer posible sus fines.

No es muy complejo integrar una fundación. Como está visto se necesita la voluntad de constituirla, debidamente expresada a través de testamento o escritura pública y demanda un patrimonio o dotación económica que permita el cumplimiento del fin que se propone, que debe ser siempre de interés general, como principal exigencia.

En el imaginario colectivo,  una fundación está vinculada a fines loables por lo que se trata de instituciones que tienen muy buena imagen.  Es sabido que la dirigencia política, cuya actividad está  fuertemente relacionada con el bien común por la naturaleza de su función, suele ser proclive a integrar este tipo de entidades.

Se llega a extremos que algunos no requieren de un partido político para tener una fuerte inserción social, aunque un control débil sobre el funcionamiento de una fundación a la que patrocinan o de la que forman parte, representa un riesgo respecto de un funcionamiento adecuado  y hasta legal. Hay antecedentes al respecto, como fundaciones que en el interior incumplieron con planes sociales bajo su control.

Un caso muy relevante fue la Fundación que en 2003 financió la campaña electoral del justicialista Carlos Saúl Manem, que quedó en el anecdotario de la justicia argentina, como muchos expedientes que suele fenecer por inactividad. De allí a que no sorprende una denuncia mediática obre la intervención de una fundación en la actividad electoral de algún dirigente promisorio.

Puede ser un dato pintoresco de los preparativos prematuros de un año electoral, a menos que socialmente se exija que quienes tiran la sospecha, también logren que sus indicios sean investigados judicialmente.

La política y la elevada función de una fundación así lo exigen.

Salta, 26 de Marzo de 2018

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