Debate

Opinion 21 de marzo de 2018
La tercera sesión del año Concejo Deliberante capitalino muestra que los miembros del cuerpo están dispuestos a un trabajo político intenso, que apunte a lograr cambios significativos en cuestiones de fondo. Cabe señalar que para no pocos de ellos, esta es la tercera oportunidad de participar de un debate legislativo en el ámbito municipal, dado que la renovación que se produjo en diciembre pasado ha sido bastante amplia y pocos concejales renovaron mandato.
Concejo Deliberante

Es así que en el Orden del Día de la reunión de la fecha se introdujeron temas motivadores de discusiones que no se agotan en una sesión. Un caso son las iniciativas vinculadas a la situación de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Salta que, sin mayores razones o por prácticas distorsivas, lleva un largo tiempo sin titular sino con una especie de encargado de despacho.

No es una omisión insignificante, si se tiene en cuenta el propósito de la Ordenanza 14.501, que crea  dicha Defensoría para la protección y defensa de los derechos e intereses legítimos, individuales y colectivos de los habitantes de la ciudad  contenidos en toda la normativa vigente para esta comunidad, desde la Constitución Nacional a cualquier ordenanza, que podrían ser afectados por hechos, actos u omisiones de la Administración Municipal. Quien ejerce la función lo hace con el carácter de alto comisionado del Concejo Deliberante, siendo una institución unipersonal e independiente, con autonomía funcional y administrativa. Dice la ordenanza que el Defensor del Pueblo no está sujeto a mandato imperativo alguno, no recibe instrucciones de ninguna autoridad y actúa de acuerdo a su criterio ajustado a Derecho.

Que dicha Defensoría no esté cubierta como lo dispone la ordenanza correspondiente es responsabilidad del Concejo, que debe convocar a un concurso de postulantes. Su reticencia, morosidad o inquietante intencionalidad priva a los vecinos de la oportunidad de pronunciarse respecto de quienes tienen la pretensión de ejercer tan alta función.

Otro tema no menos fundamental también ha comenzado a transitar desde hoy los pasillos legislativos por iniciativa de la Asociación de Taximetristas de Salta, que ya ha logrado sentar un concejal que surgió de su conducción. Desde ese sector surgió la propuesta de debatir la continuidad del transporte público de pasajeros en potestad del Gobierno Provincial.

Se trata de debatir un problemática compleja, que no solo tiene efectos prácticos con el funcionamiento de un servicio fundamental para la vida urbana. Representa, en el fondo, la discusión de la relación de poder entre los gobiernos provincial y municipal, promoviendo la recuperación de facultades del gobierno más cercano al ciudadano.

El debate político en años no electorales abre posibilidades para resolver cuestiones que no son urgentes sino importantes.

Salta, 21 de Marzo de 2018

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