Impacto

Opinion 19 de marzo de 2018
La Justicia está en el ojo de la tormenta; en la Provincia y en el nivel federal. En solo un fin de semana se conocieron hechos o resoluciones que llaman la atención hasta del ciudadano más desprevenido.
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Se trata de la resolución de una de las chicanas para dilatar el avance de causas contra un senador nacional, el movimiento corporativo de jueces inferiores para asegurar perpetuidad a los miembros de la Corte local, el cambio de carátula para morigerar responsabilidades en la autoría de una evasión fiscal multimillonaria o la exhibición de la conducta de una jueza de familia que reconoce la impronta de posicionarse con energía para imponer su autoridad.

Son cuestiones sin un hilo conductor pero sí coincidentes en generar ánimos especiales en la sociedad que observa con preocupación el accionar de jueces o tribunales. El favorecimiento en las resoluciones a quienes usufructúan distintas órbitas del poder genera sospechas sobre el accionar de la Justicia. Las consecuencias es el creciente deterioro de la imagen de uno de los tres poderes del sistema republicano.

Si bien la mayor parte de la sociedad tiene en la Justicia una garantía de la protección de sus derechos y no necesariamente es  actora en causas que se dirimen en ese ámbito, el mero hecho de confiar en ella involucra a cualquier ciudadano con el accionar de la misma. Nada bueno puede provenir de magistrados que deciden en base a intereses personales o sectoriales y no en función de su elevada misión.

De allí que la insistencia de los actuales miembros de la Corte de Justicia de Salta por lograr su inamovilidad, genera -en el mejor de los casos- cierta inquietud en el hombre común.  Declarar a través de distintas acciones que la independencia del máximo Tribunal queda supeditada, no a la libertad de acción y conciencia en el ejercicio de la función, sino a la necesidad de los jueces de mantenerse en un cargo generosamente rentado y con algunos privilegios, como es la exceptuación del pago del impuesto a las ganancias.

También genera resquemor que se facilite la dilación en la resolución de causas que involucran al Estado, por el acusado o el bien afectado o por ambos concurrentemente. En Salta no pareciera que hay corrupción y cuando hay denuncias, hay resoluciones rápidas cerrando todo camino de investigación o muy morosas, como buscando una prescripción.

Urge que desde la propia Justicia se trabaje atendiendo este impacto social. Es la República la que lo exige.

Salta, 19 de marzo de 2018

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