Tiempos

Opinion 12 de marzo de 2018
La Corte de Justicia declaró inconstitucional un aumento del sueldo del intendente y de dietas que se habían otorgado los concejales del municipio de San Lorenzo. El caso tiene importancia no solo por la cuestión de fondo, que es la adecuación de una ordenanza a la escala jerárquica jurídica, sino especialmente por la legalidad y legitimidad del manejo de recursos públicos.
san lorenzo

Este hecho tiene ya su tiempo y estaba en vigencia en el ámbito del Concejo Deliberante del vecino municipio. Se inició en 2016, cuando los ediles dispusieron un ajuste sobre el sueldo del intendente, al que engancharon el de concejales y de personal superior de esa administración. Y tuvo todos los aditamentos de la picardía política.

Al menos así lo planteó el beneficiado intendente Fernando Gonza  al asegurar que entre gallos y medianoche, los concejales pretendieron  darse un aumento del 70%, que lo beneficiaba también  a él, en un intento que lo colocaba como partícipe necesario. También sumaron a los empleados, aprobando en esa misma ordenanza un incremento salarial del 25%, fuera de todo parámetro.

Un solo detalle no se había considerado: el financiamiento de la intempestiva generosidad que invadió a los ediles y que ponía en crisis cualquier manejo de las cuentas del municipio de San Lorenzo. Esa fue la razón por la que el jefe comunal vetó la norma y ante la insistencia del cuerpo legislativo, recurrió al tribunal superior de justicia.

Precisamente, la Corte de Justicia detalló toda la normativa que vulneraba la ordenanza  de ese pequeño conglomerado urbano.  Las Constituciones Nacional y Provincial fueron avasalladas tanto respecto puntualmente a la obligación prever erogaciones precisando cual es la fuente de su financiamiento, como la propia supremacía jurídica de las leyes que se llevaba puesta la avaricia de los concejales.

Tal vez había en junio de 2016 sobradas razones para que los concejales consideraran legítimo ajustar sus ingresos pero no pareciera que hayan comprendido que la política es servicio y por encima de su interés particular está el bien general. En todo caso, debieran haber enjuiciado la incapacidad del intendente para manejar con eficiencia recursos públicos. Tomaron el atajo de ejercitar su poder circunstancial para imponer su decisión.

El Concejo autor de esta medida ya no existe; caducó en diciembre último. Allí surge otro dato importante, ya que quienes usufructuaron los beneficios de un ajuste que surgió de su propio desatino, no quedan obligados a compensar pérdida alguna. Los tiempos de la Corte no son los mismos que los del hombre común.

Salta, 12 de marzo de 2018

 

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