Cambio

Opinion 12 de febrero de 2018
Mientras centenares de evacuados de Santa Victoria Este van regresando a sus casas, se cumplió la peor de las profecías. La ayuda social puede ingresar en la siniestra zona de la corrupción.
colchones embarcación

La preocupación fue expresada desde el momento mismo en que todo un país se movilizó para ayudar a los salteños  que sufren el drama de las inundaciones de los ríos Pilcomayo y Bermejo. Quien advirtió que no debiera repetirse la experiencia del alud de 2011 –cuando se confirmó el desvío de los aportes- fue el diputado Lucas Cisneros, del bloque Cambiemos por Salta, quien aseguró que tomaría a su cargo la tarea de control. El legislador pidió un control especial sobre las donaciones y aseguró que hay muchos grupos pidiendo cosas en las redes sociales que finalmente no llegan a los damnificados como sucedió con el alud en Tartagal. De allí que reclamó públicamente que las colaboraciones se hagan mediante organismos del Estado o con instituciones serias que garanticen que las cosas van a llegar, y no con privados o grupos de amigos porque así  no se sabe a dónde va a parar lo donado.

Precisamente hoy está involucrado en una denuncia por retención  en una finca de gran cantidad de ayuda para los inundados. Un concejal de Embarcación, en el castigado norte provincial, denunció a un par y dejó en evidencia una trama de aprovechamiento y oportunismo, del que forma parte el diputado. La Justicia deberá investigar la comisión de un delito y hasta dónde llegan los tentáculos de la corrupción.

La descripción de lo que sucede en el chaco salteño no deja espacio para maniobras, especulaciones o intentos de aprovechamiento sectorial de la tragedia, Nadie puede sacar rédito de una situación en la que más vulnerables perdieron, no importa cuánto, pero hay evidencias y reconocimiento que as lo hacen.

Una importante cantidad de mercaderías fueron incautadas en un allanamiento dispuesto por la Justicia y voceros del oficialismo nacional, con cargos electivos municipales y provinciales, dieron las razones de su acopio. La más baladí es la pretensión que no se haga política con la distribución de esta ayuda y la más grave es la asunción que un determinado grupo político está convocado a hacerse cargo, en virtud de su honorabilidad, de bienes que remite el Gobierno Nacional  para asistir a quienes –como expresara el propio Gobernador de la Provincia- perdieron todo, aunque haya sido nada porque nada tienen.

Además que aún no se ha podido controlar la inflación, reducir el déficit fiscal ni revertir la decadencia económica, tampoco se erradicaron prácticas nefastas en el manejo de la cosa pública. Tomar recursos del Estado y usarlos como propios para obtener ganancias espurias, pareciera que siguen siendo actos propios de quienes  cubren funciones de servicio a un pueblo que los sostiene.

Abandonar esas prácticas  es el cambio que se espera.

 Salta, 12 de febrero de 2018

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