Convocatorias

Opinion 05 de febrero de 2018
El universo de usuarios de servicios públicos de Salta nuevamente está convocado a participar de audiencias públicas para analizar aumentos tarifarios. Se trata de instancias obligatorias antes de tomar decisiones de esa naturaleza y una acabada comprensión de ese procedimiento puede no solo concurrir a legalizar un acto de gobierno sino también a estrechar el ámbito discrecional de los poderes públicos.
audiencia agua

La primera de ella se efectuará el viernes 16 de este mes a fin de analizar un pedido de incremento presentado por Aguas del Norte, que pretende ajustar en por lo menos un 22% su tarifa al solo fin de cubrir gastos de mantenimiento. En ese extremo de necesidad financiera se encuentra la prestataria del servicio de agua y cloaca, una sociedad anónima con mayoría accionaria del Estado.

Mucho se ha hablado del estado deficitario de sus cuentas, particularmente a partir de este año que arrancó con la suspensión de un subsidio del Ejecutivo provincial que alcanzó los casi 200 millones de pesos en 2017. No hubo mejoras pese a que en ese período se aplicó un aumento del 45%, según los resultados de la revisión tarifaria quinquenal que dejó en pie un aumento para 2018 del 32%, al que deberá sumarse lo que se resuelva en la audiencia del 16.

La otra convocatoria fue realizada por el ENARGAS, para definir el cuadro tarifario del servicio de gas natural que se aplicará el próximo semestre.  Esta audiencia tendrá lugar el  21 de este mes en San Miguel de Tucumán y se tratarán los pedidos de aumento de las distribuidoras Gasnor , que brinda el servicio en esta provincia, la de Gas del Centro y Gas Cuyana, además de la Transportadora Gas del Norte.

La teoría señala que la audiencia pública es un procedimiento de participación, en el que se otorga a los interesados la garantía de saber de qué se trata y de manifestarse en forma previa al dictado de una decisión de gobierno que puede afectar los derechos, en este caso, de los usuarios. Destacan los especialistas que es un elemento de democratización del poder, conforme al clásico principio de que la democracia no es sólo un modo de elección y designación del poder, sino también un modo de ejercicio del poder de los ciudadanos.

Sin embargo, el hecho de que la audiencia pública no es vinculante desanima la participación porque no se comprende que ese carácter tiene que ver con la vigencia de un sistema institucional que la habilita como un mecanismo de participación ya que las decisiones se toman en otros estamentos, que también tienen la representatividad ciudadana. No menos cierto es que algunos de estos estamentos tratan de bastardear el mecanismo, para no aceptar los recortes que su aplicación tiene respecto de intereses sectoriales.

Es la ciudadanía la que no debe permitir que con su indiferencia se le quite vigencia a la audiencia pública.

Salta, 05 de febrero de 2018

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