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Opinion 30 de enero de 2018
Cuando el Ministro de Economía anunció que Salta llevaba la delantera en la tarea de lograr el equilibrio fiscal, no exageraba. Al menos respecto de la Nación, quedó confirmado que la exhortación del presidente Mauricio Macri para que las provincias emulen las medidas de ajuste anunciadas ayer, llegó tarde. El mandatario realizó anuncios y el Ejecutivo provincial presentó resultados.
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Se trata de llevar a la práctica lo acordado en el marco del Consenso Fiscal, que apunta a controlar el gasto público para reducir el déficit y poner en caja las cuentas del Estado. A días de celebrado el convenio, en Salta se lo aprobó, acompañando la decisión con una reforma tributaria que significó mayor presión a amplias franjas de contribuyentes. Esta medida fue completada con una ley de presupuesto para 2018 que no solo pone límites a algunos gastos, como el de Personal, sino también libera las manos del Ejecutivo para manejar el endeudamiento.

Asimismo, el Ejecutivo emitió dos decretos, uno llamado de Modernización y Asignación Eficiente de Recursos Públicos y otro que aprueba un Plan de Regularización Fiscal, con reducción de intereses para quienes adhieran hasta mañana. La necesidad de allegar recursos y frenar los gastos, haciendo recortes en algunos rubros, quedó expuesta a través de estos instrumentos.

Cabe señalar que el problema del déficit es significativo tanto a nivel nacional como provincial. En el primer caso, asciende a unos 660 mil millones de pesos y el de la Provincia, correspondiente al ejercicio 2017, a 4 mil 500 millones. Si se tiene en cuenta que las medidas anunciadas ayer por el Presidente de la Nación, de congelamiento de salarios y reducción de la estructura de autoridades superiores, representarán un ahorro de mil 500 millones de pesos, significa que todavía hay un largo camino de ajustes por recorrer.

No menos extenso es el tramo que se debe transitar en la Provincia. El congelamiento de sueldos de funcionarios, desde el Gobernador a los 38 subsecretarios, apenas sumará unos 83 millones de pesos en este ejercicio, para el caso que los sueldos de la administración pública se incrementen un 15%. Con la renegociación de contratos y alquileres de inmuebles y la reducción de viáticos, se estiman algo más de 200 millones. A ello se deberá sumarse el ahorro en traslados aéreos, que se pretende que alcance el 75% de los gastos actuales. A menos de un mes de aplicarse este plan ya hubo que pagar el viaje a Europa del Ministro de Turismo y el del Gobernador y el Jefe de Gabinete a Lima, Perú.

El gasto público en provincias como Salta es bastante inflexible dada la dependencia que amplias áreas de actividades tienen con el Estado. Frente a las cifras consignadas, toma sentido la referencia del Secretario de Provincias del Ministerio del Interior, quien destacó que para evitar despidos en la administración pública deben resignarse las aspiraciones en materia de aumentos salariales.

No hay muchas opciones si se espera llegar a 2022 con cuentas equilibradas.

Salta, 30 de enero de 2018

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