Ratificación

Opinion 25 de enero de 2018
“Debemos privilegiar la actividad productiva como única herramienta de desarrollo y crecimiento”, dijo hoy el Gobernador de la Provincia. No fue una frase de ocasión, aunque fue formulada en un el acto protocolar de asunción de dos funcionarios que ya venían actuando como tales.
funcionarios

El mandatario provincial tomó el juramento de práctica a dos secretarios del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, uno de los cuales va a cubrir una baja que se produjo y sobre la que no hubo mayores explicaciones. El mensaje del mandatario al momento de poner en posesión de sus cargos a los titulares de Asuntos Agrarios, Fernando D’Angelo y de Recursos Hídricos, Oscar Dean, pareció ubicarse en el centro de una polémica  que pone en tela de juicio la política ambientalista provincial y la contrapone a la defensa que ejercen organizaciones no gubernamentales.

En el acto de referencia, Juan Manuel Urtubey ratificó que su  gobierno profundizará un camino irreversible que –enfatizó- encuentre a Salta y a todo el norte argentino en un desarrollo productivo que genere inclusión social. Su afirmación sonó más fuerte que las afirmaciones del flamante funcionario de agricultura, demandado por estas horas por las producciones tabacalera, sojera y vitivinícola, acosadas por inclemencias naturales.

El discurso sonó como una advertencia de la batalla que empezó a partir que el Ejecutivo Provincial se vio obligado a acatar una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y ordenó suspender  la ejecución de los cambios de uso de suelos autorizados y pendientes de ejecución, objeto de observaciones de la cartera nacional. Puntualmente se trata de desmontes autorizados por la recategorización de uso predial y cambio de uso de suelo en la finca Cuchuy de la familia Braun Peña, vinculada al Jefe de Gabinete de la Nación, aunque este último sea un dato circunstancial que no va al fondo de la cuestión.

En el anuncio oficial de la suspensión, emitido ayer, se anticipa un litigio respecto de las cuestiones de competencia de la autoridad nacional pero el allanamiento a esa resolución obligadamente remiten a una campaña que intensamente había iniciado Greenpeace, una ONG que suele periódicamente instalar sus reclamos en defensa de bosques nativos en el territorio provincial.

La cuestión, más allá de sus particularidades, han empujado al Gobernador de la Provincia a ratificar una línea de acción que se ha puesto en evidencia a partir de la reestructuración ministerial, que centralizó en una sola cartera los asuntos vinculados a producción y ambiente, que tienen contradicciones no resueltas en el mundo y a esta áreas con trabajo, en una relación con una pesada carga de conflicto de intereses. La responsabilidad de la conducción de esta controvertida coalición marca el predominio de un sector que encarna la ministra Paula Bibini, que -al igual que muchos de sus colaboradores- proviene del empresariado.

Esta cuestión por sí misma no tiene mayor significado. Solo puede entenderse en el marco de un modelo de gestión de dos años, cuyos propósitos fueron ratificados por el propio gobernador, urgido a acelerar procesos que permitan el crecimiento definitivamente empobrecida.

Salta, 25 de enero de 2018

 

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