Negociación

Opinion 17 de enero de 2018
A poco de iniciarse negociaciones paritarias en distintos sectores y niveles, el panorama va aclarándose y aparecen más determinados los elementos que se considerarán para definir los incrementos salariales. Y no se trata sólo de porcentajes de aumento sino también de los condicionamientos para su aplicación.
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Las insinuaciones que trascendían sobre el interés del Gobierno Nacional respecto de la cuestión, desde ayer han quedado corporizadas en el 15%. Ese es el porcentaje de ajuste que pretende para el corriente año. A través del Jefe de Gabinete, se admitió que se busca que los acuerdos cierren en torno de ese guarismo, en línea con la nueva meta de inflación prevista para 2018.

Si bien el Gobierno acepta que las paritarias son libres, demanda que tengan un techo tácito. Para ello apela a un compromiso social con la meta oficial, entendiendo que la lucha contra la inflación no es una cuestión solamente del Gobierno, sino de toda la sociedad.

Con estas consideraciones, algunos sectores gremiales –especialmente los vinculados a los sindicatos más importantes- han expresado la voluntad de sumarse a este propósito pero de manera condicionada. En consecuencia, todo indica que el meollo de la cuestión será la llamada cláusula gatillo. Se trata de un mecanismo que ya se viene utilizando desde 2016, para poner a cubierto el poder adquisitivo de los salarios en el caso que la inflación supere los ajustes salariales pactados en paritarias.

Si bien sobre el tema no hay un pronunciamiento contundente del Gobierno, todo hace suponer que pretende que no se incluya en los acuerdos.  En Salta, ya se impuso en los dos últimos negociados con los gremios del sector público pero la modalidad utilizada ahora es cuestionada por algunos sectores sindicales.

Es que en la mayoría de los casos en que se impuso una cláusula gatillo, en realidad fue una indicación de revisar el impacto inflacionario en el aumento acordado. Pocos fueron los sindicatos que determinaron el alcance de tal revisión como para lograr una corrección automática para el caso que el crecimiento de los precios afecte el poder adquisitivo de los salarios.

Es así que la puja se ubicará entre la necesidad del gobierno de no dejar ningún resquicio que dificulte alcanzar la meta de una inflación del 15% y la desconfianza de la dirigencia gremial en torno de la efectividad de las medidas que se adopten en torno de ese fin. Lejos de desechar una cláusula gatillo, se buscará allanar el camino hacia un ajuste que compense cualquier  deterioro producto de la inflación.

Este debate no es inoportuno. Las mesas paritarias están a punto de tenderse en buena parte de los casos y el resultado de su tarea configurará el clima político y social de un año no electoral.

Salta, 17 de enero de 2018

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