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Opinion 16 de enero de 2018
Hoy se anunció que el presidente Mauricio Macri no convocará al Congreso a sesiones extraordinarias en febrero. El anuncio fue realizado luego de una reunión de Gabinete ampliado en la Casa Rosada. Es un dato político importante.
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La decisión fue tomada en conjunto con las autoridades parlamentarias, en función de trabajar en la normalización de la actividad legislativa en sesiones ordinarias, fue la explicación oficial transmitida a través del Jefe de Gabinete. De esa manera podrá reducirse la alta tensión generada por el esfuerzo del oficialismo por lograr la aprobación de una serie de medidas reformistas, que generaron resistencia social.

En el Congreso hay un paquete de proyectos que el Gobierno Nacional ha remitido para reordenar las relaciones institucionales, el funcionamiento de ámbitos vinculados al Estado y conformar un nuevo cuadro normativo sobre distintos aspectos de la realidad económica y política.

Solo para mencionar algunas de esas iniciativas cabe destacar las vinculadas  al financiamiento productivo  que propone reformas al mercado de capitales, la nueva ley de Defensa de la Competencia y de Compre Argentino. Estos proyectos cuentan con media sanción de Diputados. No menos relevante es el proyecto de ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, que analiza la Cámara de Senadores.

Pero la atención se concentra en la reforma laboral y es en referencia a ella que la decisión de esperar un extendido debate durante el período ordinario, toma más peso.  Hubo una fundamentación más prolija respecto de este proyecto, en orden a reconocer que no cuenta con el total respaldo de la CGT y muchos menos de las dos CTA y a aceptar la opinión de los distintos bloques parlamentarios que creen que se puede debatir en sesiones ordinarias de una manera más profunda, a fin de construir mayores consensos.

La agitación social que generó el tratamiento de la reforma previsional, si bien no evitó la sanción parlamentaria, si advirtió que no alcanza un resultado electoral  para expresar la opinión de todos los sectores sobre cuestiones puntuales, de gran trascendencia institucional.  Y al parecer no cayó en saco roto  y será tenido en cuenta para las otras reformas pendientes, como la laboral y la política, que viene postergándose desde 2016.

Solo queda asegurar que haya una correcta interpretación de esta decisión para que no se considere que, en el fondo, existe la intención de cerrar el Congreso, como consideró el jefe de la bancada kirchnerista de la Cámara baja.

En un país sin mayorías legislativas, el Parlamento ha recuperado la función trascendente que le asigna el sistema republicano. Y ese es un rasgo de crecimiento de la calidad institucional.

Salta, 16 de enero de 2018

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