Ajuste

Opinion 10 de enero
Escasa repercusión ha tenido la invitación del Ejecutivo provincial para la aplicación de medidas de restricción del gasto público. Fue girada a través del Decreto 1.603, llamado de modernización y asignación eficiente de recursos públicos, a los otros dos poderes y a municipios.
EMBARCACION

El control del gasto público no suele ser una decisión atractiva para los gobernantes ni para la dirigencia política en general, que suele encontrar en el uso de recursos públicos una buena fuente de captación de voluntades, especialmente útil en tiempos electorales. Esas restricciones suelen ser recursos extremos que denotan urgentes necesidades para ordenar la caja del Estado y también suele funcionar como un elemento de presión política. Pruebas al canto: solo catorce de las 23 jurisdicciones que suscribieron el Consenso Fiscal con el Gobierno nacional le han dado respaldo legal al acuerdo, haciendo suponer que la aprobación es una figurita de cambio.

A casi dos meses de la sanción del decreto de ajuste del gasto en la Provincia, solo uno de los 60 municipios estableció su propio régimen de restricciones del gasto. El Ejecutivo de Embarcación, a través de una resolución, dispuso medidas de austeridad para alcanzar una mayor eficiencia en el gasto público.

Se trata de una ciudad del Departamento de San Martín, ubicada a 286 kilómetros de la Capital. Con sus casi 30 mil habitantes es una de las más grandes e importantes localidades de la Provincia. En su jurisdicción están radicadas numerosas comunidades originarias y población rural, de alta dependencia de la asistencia estatal.

Esta condición influye en las posibilidades de disminución del gasto público, pese a lo cual la intendencia de Alfredo Llaya dispuso algunas líneas de acción para limitar erogaciones. Tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de este año y alcanzan la compra de insumos y bienes, que quedarán reducidas a lo estrictamente necesario para cumplir la tarea administrativa y prestación de los servicios públicos.

Es así que habrá un estricto control en el uso de la energía, gas, telefonía y combustibles; no se actualizarán de las escalas de viáticos y su autorización será muy estricta. También se congelan los valores de contratos, incluidos los de alquiler, se limita el uso de vehículos y la adquisición de bienes de uso con fondos municipales. En materia de personal no se autorizarán incorporaciones, salvo que se trate del reemplazo de renunciantes o jubilados en función o cargo imprescindible. La inobservancia por parte de los funcionarios o agentes municipales a esas disposiciones constituirá falta grave, dice resolución y contempla como sanción el descuento de los salarios de los responsables.

No se puede esperar más de una administración que maneja escasos recursos propios. Pero además, no tiene muchas las posibilidades de crear fuentes de ingresos. Si se debe destacar el reconocimiento de una situación crítica de la economía nacional y provincial, que afecta en forma directa a la administración municipal.

Todo indica que hay un proceso inevitable de ajuste, del que no podrá sustraerse ningún municipio y cuyos efectos se notarán en el conjunto de la sociedad.  -

Salta, 10 de enero de 2018

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