Cuestionamientos

Opinion 05 de enero de 2018
Los políticos no tienen idea de los problemas de los vecinos. Es la reflexión de un dirigente vecinal, que sintetizó en esa conclusión el ánimo que genera una sucesión de hechos negativos, que tienen a los jóvenes como los principales protagonistas.
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Las adicciones y los suicidios figuran al tope de las calamidades que cercan a esa franja de la población, cuya vulnerabilidad es indiscutible.

La queja, que es casi una denuncia, se suscitó a propósito de la muerte de un menor en Barrio Solidaridad a manos de efectivos policiales involucrados en un caso caratulado como homicidio agravado por el abuso de la función y por alevosía, calificado por el uso de arma de fuego en perjuicio de Nehemías Nahuel Salvatierra. En este hecho, ocurrido el miércoles pasado, se conjugan aspectos de una situación común en la zona periférica de la Capital y que se repite en el interior de la provincia.

Los adolescentes se están matando y estas cosas no se dicen, se esconden porque realmente ponen los pelos de punta, fue otra de las expresiones de dirigentes de la Red Compromiso, que opera en la zona sudeste de la ciudad, conformada por referentes sociales que decidieron participar en una organización horizontal. Especialmente se trata de sumar esfuerzos para contrarrestar la ausencia de soluciones desde los gobiernos.

El caso, que generó una movilización social, muestra la complejidad de una situación que exhibe las acechanzas a un grupo que se margina por distintas razones, especialmente por el abandono del sistema educativo, que pierde eficacia a la hora de facilitar la igualdad de oportunidades.  Hasta la  organización urbanística y las prácticas sociales juegan en contra de las posibilidades de desarrollo para este sector.

Todos estos factores concurren para facilitar otras debilidades del sistema y configuran un campo orégano para prácticas nefastas que no solo no fueron corregidas por la democracia recuperada hace casi cuatro décadas sino que permanentemente afloran como una advertencia. Recuerdan que el poder armado puede ubicarse por encima de cualquier ciudadano.

Frente a un hecho de esta naturaleza la repuesta es el silencio de un Ejecutivo responsable de la seguridad pública y de un Legislativo que ordena el funcionamiento instititucional, que se escudan detrás de la Justicia que seguramente sancionará a los autores de un crimen. Esa decisión, por así corresponder, no enjuiciará las políticas que permiten que un joven, que abandonó sus estudios pero no incurrió en ningún delito, sea víctima de excesos de hombres habilitados a usar armas. Y nadie puede asegurar que es un caso aislado y no expresión de barbarie policial, posible por una organización interna de la fuerza, visible solo a los ojos de quienes la conducen, empinados miembros de la misma.

Cada vez que el drama golpea a los más débiles hay un cuestionamiento a la política. Y no hay repuestas desde su dirigencia.

Salta, 05 de enero de 2018

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