Decisión

Opinion 03 de enero
La Procuración General de la Provincia ha creado el Programa de Intervención con agresores de violencia de género.
pasillos Ciudad Judicial

Dicho programa tiene por objeto generar intervenciones de carácter grupal con hombres autores de hechos cometidos en contexto de violencia género, a los que se impusieron condenas de ejecución condicional.

La medida se dispuso por resolución sancionada sobre el fin del año pasado, la que fija como primer ámbito de aplicación territorial la Capital. Serán los Fiscales Penales de Violencia de Género del Distrito Judicial del Centro los que evaluarán la inclusión de personas condenadas al programa.

Sin dudas que la violencia de género es un flagelo que se expresa en un registro alarmante de casos. Sólo en femicidios se ha llegado a constatar en el país que se comete uno cada 27 horas. En la Provincia se han registrado este año la muerte de dos mujeres por mes, generalmente a manos de sus parejas. Las denuncias por hechos de violencia llegan a un promedio de 1.500 por mes

Los considerandos de la resolución señalan que la violencia de género debe ser enfrentada desde los distintos ámbitos institucionales adoptando todas las medidas tendientes a erradicarla, tal como lo dispone el artículo 7 de la Convención de Belem do Pará. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer fue suscripta el 9 de junio de 1994 y aprobada en la Argentina como ley 24.632  en marzo de 1996. En el artículo referido por la Procuración están señalados los deberes de los Estados, que quedan obligados a condenar todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas, orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia.

La resolución que crea el Programa de intervención con los agresores destaca que no serían adecuadas ni suficientes las decisiones de la justicia que revisten un carácter simplemente declarativo, y que desaprovechan la oportunidad de imponer reglas de conducta a los violentos que incidan en su comportamiento futuro. De allí que con sidere que las decisiones judiciales que declaran que un hecho delictivo se ha cometido en contexto de violencia de género y dan lugar a una condena de ejecución condicional, deben ir, cuando ello es considerado conveniente y eficaz, acompañadas de la imposición de reglas de conducta que incidan sobre los agresores, para asegurar que esos pronunciamientos tengan el efecto disuasivo inherente a toda condena.

De lo que se trata es actuar sobre las causas que originan la violencia de género, partiendo de la base que éste es un problema con profundas raíces en aspectos culturales y educacionales que se encuentran científicamente individualizados. Lo que se dispone es tomar modelos de intervención que han demostrado su eficacia en otras sociedades, como en la Unión Europea.

No quedan dudas que toda acción que se oriente a controlar y finalmente lograr la desaparición de la violencia en sus diversas manifestaciones es una imposición para estos tiempos. En este caso de lo que se trata es de de asegurar a la mujer una vida libre de violencia, respetando y protegiendo sus derechos humanos.

Salta, 03 de enero de 2018

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