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Opinion 19 de diciembre de 2017
La reforma previsional es ley. Iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional, el oficialismo no aceptó modificación alguna al texto que tenía la media sanción del Senado. Doce horas de debate no convencieron que podían realizarse ajustes por fuera de los que se negociaron con la oposición en la Cámara alta. Ello confirmó que no son los jubilados el eje vertebral de la norma.
votacion reforma

Al margen de los cambios al régimen vigente, que se había acordado sería objeto de un estudio en el marco de una comisión creada hace un año atrás, sobresalió en el tratamiento del proyecto la voracidad fiscal de estados deficitarios. Por ello es que la intempestiva reforma, negada como inmediata en meses preelectorales, fue precedida por un acuerdo entre los gobernadores y el presidente de la Nación, dentro del cual se pusieron condiciones que no avanzan si no se cumplen todas y cada una de ellas.

No fue un pacto federal el suscripto el 16 de noviembre pasado. Fue un arreglo corto para poner a las provincias en la tarea de limitar el gasto público y contribuir a la ejecución de políticas macroeconómicas de orden tributario. Por eso es que a poco de cerrar el año se está precipitando un paquete de leyes, cuyo costo social no ha sido aún ponderado con precisión. Al menos, no se ha reconocido que sus efectos caerán sobre espaldas ya debilitadas por la carga de los errores de gestión.

La Provincia hizo la punta al aprobar una reforma tributaria que someterá a mayores obligaciones a la pequeña y mediana empresa que integra mayoritariamente su aparato productivo y es dadora de trabajo. Y ayer aportó votos para hacer posible la sanción de la polémica ley previsional.

En democracias consolidadas, los errores tienen costo político para quienes los cometen pero no está comprobado que así sea en este país y, por ende, en esta provincia. De allí que, más allá de los efectos propios de esta ley que afectará a beneficiarios del sistema previsional -como jubilados, pensionados y poseedores de subsidios- no se puede asegurar cómo impactará en quienes tuvieron la oportunidad de votar.

El silencio de los diputados nacionales Miguel Nanni y Martín Grande se cubre con las voces del oficialismo que se escucharon en el debate, que corresponden a figuras más enjundiosas que estos dos legisladores salteños.  El apoyo de Alfredo Olmedo se contradijo con sus declaraciones previas. Había comprometido tajantemente su rechazo, luego viró hacia un apoyo condicionado a la creación de un fondo compensador que debía integrarse con el aporte de autoridades políticas y terminó siendo un voto afirmativo más. Sergio Leavy, en cambio, mantuvo su posición anticipada por su mera condición opositora pero también por la convicción que la ley aprobada confisca gran parte del sueldo de los jubilados.

Otros dos diputados revelaron que las malas gestiones embargan las prioridades de las provincias. Javier David y Pablo Kosiner, del Bloque Justicialista, votaron divididos pero disconformes. En ambos casos reconocieron que Salta no tiene independencia y su debilidad se mantendrá mientras su gobernante no pueda cerrar la caja.

Solo sin déficit se podrá pensar en el federalismo y en los jubilados. Ese fue el mensaje.

Salta, 19 de diciembre de 2017

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