Propuesta

Opinion 18 de diciembre de 2017
Al ratificar el paro de 24 horas a partir del mediodía de esta jornada, la Confederación General de Trabajo propuso una consulta popular para resolver la resistencia que genera el proyecto de ley de reforma previsional. La conducción de la central obrera exhortó a los legisladores nacionales que tengan el coraje, la audacia y el sentido común para disponer tal medida.
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En un complejo panorama político y social, irrumpió un recurso de escaso uso en el país. Es un mecanismo de democracia semidirecta que está reglamentado y pese a algún debate que los especialistas enfriaron respecto de cuáles temas pueden ser sometidos a la consulta, no hay antecedentes sobre su aplicación luego de aquel hecho histórico de 1985, cuando se convocó a  la ciudadanía previo a aprobar la celebración de un tratado con Chile por el conflicto del Beagle.

El artículo 40 de la Constitución Nacional dispone que el Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática. También indica que el Congreso o el Presidente de la Nación, dentro de sus respectivas competencias, podrán convocar a consulta popular no vinculante. En este caso el voto no será obligatorio.

Como este artículo demandaba su reglamentación respecto  de las materias, procedimientos y oportunidad de la consulta popular, en mayo de 2001 fue sancionada la Ley 25.432 que establece que puede ser sometido a consulta popular vinculante todo proyecto de ley con excepción de aquellos cuyo procedimiento de sanción se encuentre especialmente reglado por la Constitución Nacional mediante la determinación de la cámara de origen o por la exigencia de una mayoría calificada para su aprobación. De esta manera, la propuesta  realizada por la CGT sería viable desde el punto de vista legal y conducente para el caso que se entienda como una herramienta de pacificación. Obviamente, al momento de presentarla, la aprobación o el rechazo de la norma eran las dos opciones posibles.

Es cierto que la iniciativa no es novedosa. Algunos sectores habían insinuado que, ante el intenso debate social que generó el proyecto de ley de reforma previsional, las contradicciones en las posiciones internas en los distintos sectores políticos y el riesgo del fracaso en la construcción de consensos, el recurso de la consulta popular podría legitimar una reforma que aparece como una cuestión fiscalista más que de orden social.

Los dirigentes gremiales llamaron la atención sobre el hecho que en ningún momento de este año, condicionado en buena parte de su transcurso por la cuestión electoral, se advirtió que el Pacto Fiscal acordado el mes pasado se iba a descargar sobre las espaldas de trabajadores y jubilados. De allí la sospecha de la ilegitimidad de la raíz de la reforma cuestionada.

Más allá de la oportunidad, la propuesta cegetista contribuye a que se llame la atención sobre la existencia de estos mecanismos de participación social. Son caminos para resolver cualquier cuestionamiento sobre la representatividad política.

Salta, 18 de diciembre de 2017

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