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Opinion 05 de diciembre
La Cámara de Diputados da el primer paso hacia la sanción de la ley que aprueba el Consenso Fiscal, que obliga a la Provincia a modificar su esquema tributario, entre otras medidas. En bloques, la iniciativa tiene adhesión; individualmente, los legisladores expresan reparos.
Sesión-28-de-Nov

El oficialismo recibió las fundamentaciones en la persona del Jefe de Gabinete. Es el sector que tendrá que cargar el costo político de la decisión de acompañar un cambio profundo de un estado de cosas, producto de distorsiones históricas en el manejo de la riqueza, como reconociera uno de sus referentes destacados, el diputado oranense Baltazar Lara Gros.

Muchos sectores sociales han manifestado esa voluntad de allanarse a reformas que, en principio, debieran conducir a un ordenamiento fiscal que se exprese en menor presión tributaria al cabo de un quinquenio y con un resultado neutro sobre las cuentas públicas. Desde el gobierno se entiende la incertidumbre que generan los cambios, que impactarán en el presupuesto que se confecciona para el 2018.

En el mensaje que acompaña al proyecto que tiene trámite Legislativo se explica que el acuerdo entre Nación y las Provincias determina lineamientos esenciales tendientes a lograr una armonización de las estructuras tributarias de forma tal de promover el empleo, la inversión, el crecimiento económico y generar políticas uniformes que coadyuven al logro de tales objetivos. Para alcanzar tales objetivos, los gobiernos locales deberán adoptar medidas de saneamiento de las cuentas públicas, de modernización del Estado, de coordinación de las potestades tributarias y de eliminación de distorsiones.  Y esa es la tarea que ocupa al Ejecutivo provincial y preocupa a los municipales.

La primera lectura desde el sector privado alerta que tal armonización impositiva significa que buena parte de la actividad económica provincial deberá pagar alícuotas mayores que las actuales y solo algunas quedarán exentas hacia 2022. Los legisladores también lo saben pero apuestan a que los beneficios de un Estado saneado y de un esquema tributario ordenado y equitativo resultarán en ventajas largamente demandadas.

La primera señal será el propio presupuesto, cuyo proyecto ingresará la próxima semana a la Legislatura, para su tratamiento en la segunda quincena de este mes. El desafío que enfrentan las autoridades del área de Hacienda es lograr que menos recursos mantengan –y mejoren si es posible- el nivel de las prestaciones básicas del Estado, como lo son salud, educación y seguridad.

El consenso fue laboriosamente construido porque ha significado cesiones de ambas partes pero, especialmente, el reconocimiento que la mayor parte de las provincias -por desmanejos, ineficiencia o desventajas intrínsecas-  tiene administraciones deficitarias y  Salta no es la excepción. Los datos más preocupantes es que está rozando varios límites, como es el de la participación de los gastos de personal  en los egresos anuales y el de la capacidad de endeudamiento. Los condicionamientos propios y los del Gobierno nacional no dejan mayores opciones.

Salta, 05 de diciembre de 2017

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