Árbitro

Opinion 04 de diciembre
A medio año del último ajuste del precio del boleto del servicio de trasporte urbano de pasajeros, nuevamente se discute un incremento. Por ahora aparece como una decisión política que no se vincula a la demanda de las prestatarias, sino a la necesidad de reducir el gasto público. Si se dispone antes que termine diciembre, será el tercero del año.
calectivo saeta

Apenas aplicado el primer incremento, lo que sucedió en enero de este año, desde la conducción económica provincial se reconoció que estaba llegando a su límite la capacidad de subsidiar del Gobierno Provincial. Dentro del primer cuatrimestre se había tomado conocimiento que había negociaciones entre las prestatarias y la Sociedad Anónima de Transporte Automotor, las que fueron hechas pública por los empresarias a raíz de su estancamiento. Por entonces se supo que mensualmente el tesoro Provincial entregaba más de 70 millones de pesos a SAETA, el 90% de los cuales iban al pago de sueldos. Ese subsidio se sumaba al nacional, que se entregaba en combustible.

No llama la atención que un servicio de esa naturaleza opere subsidiado; sucede en muchas partes del mundo. La cuestión pasa por montos y las razones que motivan la asistencia estatal, teniendo en cuenta que es un servicio de uso cotidiano por sectores populares con niveles de ingresos medios o bajos. En ese orden, la posibilidad que se sostenga con una tarifa que cubra los gastos de la prestación es mínima, cuando no inexistente.

Cada vez que se dispone un incremento, no se trata de eliminar el déficit operativo del sistema, sino a disminuirlo asegurado una eficiente calidad del servicio, por lo que los operadores quedan obligados a nuevas inversiones, ampliación de recorridos y a la mejora de frecuencias. No va a ser este el caso pues todo parece indicar que se tratará de concentrar todo el esfuerzo en reducir el aporte estatal, en una actitud similar a lo resuelto por el gobierno nacional.

En este caso, las miradas se están posando en las ganancias empresariales. En el afán de lograr el objetivo planteado, esta vez no habrá demasiadas consideraciones en materia de calidad por lo que el usuario quedará obligado a pagar más por menos y la misma demanda de sacrificio se le hará a los prestadores.

Al mero anuncio de la decisión de avanzar sobre las tarifas, ya hubo resistencia expresada en el recinto de la Cámara baja a que el aporte sea solamente de una pata del trípode. Las primeras explicaciones ya comenzaron a tratarse en el ámbito legislativo, en el marco de la bicameral que interviene directamente en el control de un sistema  que surgió de una emergencia  y que deberá demostrar su solvencia en otra situación de crisis.

El nuevo año viene cargado de aumentos. Tasas y tarifas no darán tregua a un vecino que, por otra parte, no tiene mayor capacidad de maniobra sobre sus propios ingresos. Al gobierno, acosado por sus propias necesidades, le quedará la responsabilidad de arbitrar entre intereses contrapuestos pero de manera oportuna para evitar desde sus atisbos cualquier alteración de la paz social.

Salta, 04 de diciembre de 2017

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