Defensor

Opinion 30 de noviembre
Frida Fonseca terminó ayer su mandato pero se fue del Concejo Deliberante como comisionada en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. La decisión del cuerpo da fe a quienes aseguran que ningún político vuelve al llano, pero también demuestra que no hay por el momento ninguna voluntad de normalizar esa importante función.
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La figura fue creada por Ordenanza 3.947, de noviembre de 1984 y no se aplicó hasta que en 2008 se dispuso la cobertura del cargo, previa reforma de la norma vigente. Quien estrenó la función fue Álvaro Ulloa, un dirigente renovador que se desempeñó como concejal. Su gestión durante su primer mandato no tuvo mucho lustre, lo que no fue óbice para que se le renueve por otros dos. Eso sí, fue una reñida votación que tuvo que desempatar el presidente del Concejo.

En 2013 se sancionó una nueva ordenanza, que con una modificación del mismo año sin mayor significación, está vigente. Allí se establece que la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Salta asume la protección y defensa de los derechos e intereses legítimos, individuales y colectivos de sus habitantes consagrados en la Constitución Nacional, Provincial, la Carta Municipal, las leyes y las ordenanzas dictadas en su consecuencia, de los habitantes capitalinos. Interviene  frente a los hechos, actos u omisiones de la Administración. El Defensor tiene el carácter de alto comisionado del Concejo Deliberante y constituye una institución unipersonal e independiente, con autonomía funcional y administrativa. No está sujeto a mandato imperativo alguno, no recibe instrucciones de ninguna autoridad y actúa de acuerdo a su criterio con arreglo a las normas vigentes.

Pese a que no se verifica interés en su designación, el vecino tiene un conocimiento bastante extendido de la significación de la figura, como consecuencia del accionar de quien quedó a cargo del despacho. Particularmente durante los dos últimos años fue intensa la actividad de Nicolás Zenteno, erigido de hecho y sin muchos títulos, en un defensor de los vecinos frente a los embates recaudatorios de los gobiernos.

Tras casi un quinquenio de un funcionamiento precario, se ha considerado oportuno comenzar tareas a fin de regularizar el funcionamiento de la Defensoría, para lo que se debe llamar a concurso para designar al binomio que integran el defensor y un secretario letrado. Se trata de un trámite sin mayores complicaciones porque sólo se analizan antecedentes de quienes voluntariamente se inscriban, en tanto reúnan las condiciones establecidas en la Ordenanza.

Como consecuencia de los cambios sufridos en los 30 años de vigencia, en la última reforma cayó la exigencia que el postulante muestre una sólida reputación de honestidad, conducta y antecedentes impecables. Se reemplazó por otra que exige simplemente no guardar vínculo de parentesco alguno  con concejales en ejercicio.

La Defensoría es necesaria y resulta esencial en un sistema donde los controles no suelen ser generosos ni los canales de participación eficientes como para que el ciudadano pueda autogestionar la protección de sus intereses. Esta es una buena oportunidad para cubrir las falencias institucionales.

Salta, 30 de noviembre de 2017

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