Esfuerzos

Opinion 29 de noviembre
Se develó el alcance del Consenso Fiscal que alcanzaron los Gobernadores con el Presidente de la Nación. Ya ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que lo aprueba y en el que se precisan las medidas consecuentes en este estado.
camara de diputados

La iniciativa será tratada la próxima  semana y si bien voceros de distintos sectores políticos con representación parlamentaria precisaron que merecía una lectura profunda, cayeron en la generalidad de afirmar que aprobarán aquello que no vaya contra los intereses de la gente, ese colectivo impreciso que suele ser la razón de aciertos y errores de la dirigencia con funciones electivas.

 La propuesta no tendrá un sentido cabal si no se tiene en cuenta la situación que lo genera. Los especialistas han identificado los déficits que ponen las cuentas públicas al rojo vivo y que por la dependencia financiera con la Nación de la mayoría de las provincias, las arrastra profundizando los propios. El déficit consolidado es de casi 10% del PBI, que en dinero asciende a la escalofriante suma de 46.500 millones de dólares. De ese monto, los déficits provinciales suman el 1% del PBI del país.

Ello justifica la demanda de esfuerzos que hacen los gobernantes a los distintos sectores sociales, al presentar reformas cuyo impacto será entendido cuando las medidas se apliquen. La decisión del gobernador Juan Manuel Urtubey, expresada en las medidas contenidas en la iniciativa que ya tiene trámite legislativo, no pareciera que vaya a empeorar la situación provincial. La armonización de alícuotas exigida, en una Provincia con la presión fiscal más baja del país como es Salta, llevará a buena parte de la actividad económica a seguir pagando los valores actuales y en el peor de los casos. Algunos sectores, como la industria manufacturera, la construcción, el turismo –y solo para mencionarlas como ejemplo- verán reducirse esas alícuotas hasta llegar a cero.

La contrapartida, y seguramente puede llegar a ser el fundamento de alguna resistencia legislativa, es su impacto en los ingresos públicos.  Una segura reducción inicial obligará a ajustar el gasto, cuestión que está dicha y reflejada en el decreto llamado de modernización. Los intendentes, por un lado y los trabajadores del sector público por otro, han comenzado a mostrarse inquietos. Los primeros saben que deben adherir a esas disposiciones y los segundos temen que el achicamiento de la planta de personal genere presiones de las bases que pongan en tela de juicio su capacidad de negociación, especialmente frente a un proceso paritario que debe abrirse en un poco más de 60 días. Por ello es tan importante que se haya propuesto, para agilizar el acceso al beneficio jubilatorio de unos 2 mil empleados públicos, que la extinción de la relación laboral opere cuando comienzan a percibir el haber de pasivo.

 La necesidad de cerrar el año en un clima de paz social exigirá que se redoblen los esfuerzos por mantener el diálogo y que desde los distintos estamentos de gobierno, los políticos de distintas extracciones se muestren dispuestos a trabajar en consuno por el bien común.

Salta, 29 de noviembre de 2017

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