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Opinion 28 de noviembre
Con solo un tramo pendiente para el reparto del poder a partir del nuevo mapa confeccionado por las pasadas elecciones legislativas, está emergiendo el tema que será excluyente en los meses por venir.
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Diciembre promete ser un mes de intensas movilizaciones sociales, de las que Salta no se sustraerá porque las razones de las protestas se expresan en medidas adoptadas para controlar el gasto y poner en caja las cuentas públicas.

La cuestión económica ocupará la atención de distintos sectores y serán objeto de debates legislativos, tanto nacional como provincial. En Salta, la aprobación del Consenso Fiscal y el Presupuesto 2018, motivarán las principales discusiones y las necesarias negociaciones para lograr su impostergable aprobación. 

El gobernador Juan Manuel Urtubey no ha ocultado las dificultades por las que atraviesa la administración provincial en materia de recursos, por un conjunto de obligaciones de inminente vencimiento, que ha llevado a la adopción de medidas, particularmente de restricción de gastos y la adhesión a reformas que han provocado  -ante el mero anuncio el Gobierno Nacional- el acompañamiento condicionado del sector patronal y el rechazo liso y llano del sindical. 

El gabinete económico provincial sigue trabajando en propuestas para el ordenamiento que se persigue y se expresa especialmente en una reducción de la estructura del Ejecutivo estimada en un 20%, que va a arrastrar a la planta de personal. Pero también y de acuerdo a anuncios del titular de la cartera de Economía se analizan reformas en materia de subsidios, que necesariamente desembocarán en incrementos tarifarios. De allí que sólo debe aguardarse la fijación de plazos para la aplicación de estas decisiones. Es el caso del transporte masivo de pasajeros, que opera con una fuerte carga subsidiada y el servicio de agua y saneamiento, que recibe anualmente casi 200 millones de pesos del Tesoro Provincial para pagar obligaciones básicas y entrega que se suspenderá en 2018. Otro anuncio no menos significativo es la posibilidad de negociar la deuda actual mediante otra que se contraiga a tasas menores y condiciones de pago con vencimientos más extendidos.

La otra cara de esta situación es que la baja disponibilidad de recursos está generando demandas de su remisión, como la expresada hoy por el Intendente  de la Capital, quien reclamó no menos de 100 millones de pesos que el Gobierno Provincial le adeuda por obras públicas financiadas por el Fondo Fiduciario y el del  Bicentenario.  

En este orden, también deben sumarse los reclamos de adjudicatarios de viviendas cuya construcción está demorada. Para este caso, la explicación se vincula a la ruptura de la cadena de pagos por parte del gobierno de Mauricio Macri.

Seguramente, un oficialismo menguado necesitará la presencia del Jefe de Gabinete para que se haga cargo de las explicaciones a legisladores que también tienen que llevar respuestas a los intendentes.  Se espera un mensaje que convenza que todo se ve mal pero va bien.

Salta, 28 de noviembre de 2017

 

 

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