Coherencia

Opinion 27 de noviembre
Entró en su etapa definitoria el nuevo ordenamiento del gasto público. Comenzó a perfilarse con el Consenso Fiscal, firmado entre los gobernadores y el Presidente de la Nación. El segundo paso fue la sanción del decreto N° 1603, llamado de modernización y asignación eficiente de recursos públicos.
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Desde esta semana se analiza con distintos sectores la ponderación del impacto de las medidas, mientras se prepara la remisión a la Legislatura del proyecto de ley de aprobación del Pacto Federal suscripto el 16 pasado en la Cosa Rosada. El mismo trámite se está cumpliendo en el Congreso de la Nación, para lo cual intervino directamente el propio gobernador Juan Manuel Urtubey, quien pidió en comisiones del Senado que sus miembros dictaminen favorablemente.

Con ese fin se sucedieron hoy reuniones, principalmente la del gabinete económico que deliberó presidido por el mandatario provincial. Otro encuentro no menos relevante fue el de la Ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable con el sector oficialista de las 62 Organizaciones. Es que lo dispuesto hasta el momento tiene un punto fundamental en materia de política de empleo.

El decreto referido dispone en el primer artículo que no podrán autorizarse nuevas designaciones, bajo ninguna figura ni reestructuraciones que impliquen globalmente un incremento del costo en la partida Personal del presupuesto vigente. Pero también se busca que se acojan al beneficio jubilatorio los empleados que por edad y aportes estén en condiciones de hacerlo. Otro recurso para reducir el número de de empleados es un plan de retiro voluntario para el personal de planta permanente, que debe implementar la Secretaría de la Función Pública. De la organización gremial, que encabeza un miembro del sindicalismo estatal, ya se obtuvo el compromiso –según la información oficial- de trabajar mancomunada, acompañando medidas que favorezcan a la clase trabajadora y rechazando lo que no. De todas maneras, el propio decreto-al disponer la aplicación de un plan de modernización y adecuación de las estructuras organizativas, con una reducción no menor al 20%, ordena que no haya una disminución en la planta de agentes permanentes y temporarios.

Esta decisión también tiene un paraguas político. Al clausurar el Congreso Anual Ordinario del PJ, partido que preside, el gobernador fue preciso al indicar que el gran desafío que tiene el peronismo en la Argentina es entender que la variable de ajuste no son los trabajadores y que el equilibrio de las cuentas no se hace por ajuste sino por crecimiento y desarrollo económico y productivo.

No es un concepto novedoso en boca de este gobernante pero se impone ante las decisiones que va adoptando, que se alinean con un modelo nacional tachado de neoliberal por la oposición a la que Urtubey, por filiación partidaria pertenece.

Ya todo está dicho y por delante solo queda su ejecución. En los hechos se verá la coherencia con el discurso.

Salta, 27 de noviembre de 2017

 

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