Austeridad

Opinion 23 de noviembre
La decisión del gobernador Juan Manuel Urtubey de imponer una austeridad en la gestión que se sienta y no solamente sea gestual, se ha corporizado en un conjunto de medidas contenidas en el Decreto 1.603, sancionado el martes pasado en Acuerdo General de Ministros.
Juan Manuel Urtubey
Juan Manuel Urtubey

Es un instructivo para lograr solvencia fiscal, un objetivo insoslayable consagrado en el pacto fiscal suscripto recientemente entre los Gobernadores y el Presidente de la Nación.

La norma establece los parámetros  para confeccionar un plan de modernización y adecuación de las estructuras organizativas, con una reducción no menor al veinte por ciento de la actual. El dato más relevante es que este nuevo diseño, no debe implicar una disminución en la planta de agentes permanentes y temporarios. En esta tarea encajan expresiones que fueron adelantando lo consagrado por el decreto, especialmente vertidas por el Jefe de Gabinete quien habló de congelamiento en el gasto político.

Hay aspectos a destacar en este nuevo intento por poner en caja a las cuentas públicas. Las disposiciones abarcan un período que concluirá en diciembre de 2018 y precisan los ámbitos en los que deberá restringirse el gasto. También exhibe la complejidad del trabajo a realizar.

Es que se trata de armonizar los propósitos de las políticas de modernización del Estado con las limitaciones en la asignación de recursos destinados a las provincias, que está imponiendo la administración nacional. Se deben impulsar nuevas formas de gestión y el desarrollo de tecnologías para garantizar mayores niveles de eficiencia, agilidad, transparencia y calidad en la prestación de servicios del sector público a los ciudadanos, según se señala en los considerandos y se insiste en el articulado. Y todo ello adecuándolo a pautas acordadas por las Provincias y la Nación para el proyecto de ley de Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, que está en trámite en el Congreso.  El esfuerzo debe resultar en una mayor eficiencia en el gasto público.

Achicar estructuras sin reducir la actual planta de agentes del Estado ni resentir los servicios que debe prestar el Estado, exige avanzar sobre ámbitos que han sido expuestos como los espacios por dónde fluye una gran cantidad de recursos. Los sueldos de las autoridades superiores del Ejecutivo, las comisiones de servicios a realizarse fuera del país o dentro del territorio nacional en tanto requieren el pago de pasajes vía aérea, la asignación de funciones jerárquicas, el ajuste de viáticos, el pago de alquileres, de comidas y refrigerios, son algunos de los canales cuya apertura se achicará. El uso de vehículos oficiales quedará reducido a niveles mínimas y se suspenderán las compras de bienes de uso con recursos provinciales.

La austeridad no va a ser una exigencia para el ciudadano sino para sus servidores. Al menos, es lo que se espera.

Salta, 23 de noviembre de 2017

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