Decisión

Opinion 13 de octubre
A pocos días de las elecciones legislativas, emergieron a la superficie los aspectos que preocupan de la política. La exhibición de apetencias personales y de proyectos que no tienen sustento colectivo advierten sobre un proceso de degradación que exige un compromiso ciudadano para revertirlo.
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La campaña electoral, que ingresó en su tramo final, fue una demostración de las falencias, carencias y desvíos que profundizan el deterioro de una actividad esencial para la vida en comunidad. Hay sectores dirigenciales que llamaron la atención sobre  su impacto en la representación política, que constituye un rasgo fundamental de la democracia.

Un caso es el Centro de Estudios y Formación Política “Juan D. Perón”,  que apuntó al desprestigio y el descrédito de la representación ciudadana, generada por la crisis de los partidos políticos. Estas instituciones, que tienen rango constitucional, se han convertido  en cáscaras vacías, sin ideas ni programas, impregnados de personalismos, que operan solo para una elección y que privilegian ambiciones e intereses personales sobre los de la sociedad, según exponen en un documento difundido como un aporte a la reflexión que debe hacer cada elector antes de tomar su decisión más trascendente para el sostenimiento del sistema.

Hay quienes asignan la responsabilidad parte especialmente de los gobiernos y a la falta de poder para gobernar dando respuestas. Como ejemplo, el diputado Guillermo Martinelli apuntó a la activa participación en la campaña del gobernador Juan Manuel Urtubey, que provocó que en este tiempo haya abandonado la atención de las cuestiones centrales de la gestión.

En estos días y ante la inminente realización de los comicios, las expectativas de los sectores políticos –que se afirmaron incluso echando mano a elementos de la “no política”- llevaron a la ejecución de actos ajenos a la formulación de propuestas, que orienten el voto. No es una falla menor; la normativa vigente exige que los partidos o alianzas formalicen la presentación de una propuesta programática, que constituye un compromiso de obligado cumplimiento desde la función electiva.

Hubo propuestas que rozan la legalidad. Un candidato de Orán convino con un grupo de electores el aporte de una cantidad de sufragios suficientes para llevarlo a una banca en la Cámara de Diputados de la Provincia, a cambio de la entrega de lotes. El Código Electoral Nacional prevé incluso penas de prisión para aquellas personas que compelan a otras a votar en determinada forma o abstenerse de ejercer su voto.

La impostación de conductas, la entrega de bienes o el anuncio de medidas inaplicables por sus condicionamientos fácticos, son maniobras repetidas en las campañas. No es lo que se define como campaña electoral.

El voto no se entrega a cambio de algo. Se emite por convicción y comprensión de la representatividad que significa la función legislativa.

Salta 13 de octubre de 2017

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